Hacia un peligroso hiperpresidencialismo sin límites.

Es sabido, y los cuerpos normativos así lo reconocen, que los poderes ejecutivos en las instancias de emergencia tienen mayores competencias para afrontar situaciones de excepción. Pero ello no significa que los derechos individuales, el Poder Legislativo y los órganos de control queden en suspenso, vaciados de funciones, y no se controlen el uso y abuso de los institutos de emergencia.

La Constitución es un instrumento destinado a regir tanto en tiempos de normalidad como en situaciones de crisis. Debe regir plenamente y, tal vez, con mayor intensidad en momentos de dificultades, porque en ella encuentran su amparo los derechos de las personas.

Luego de casi dos meses del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado por el Presidente Alberto Fernández con participación de los gobernadores y de la oposición que acompañaron correctamente esa primera medida transitoria, y donde hubo un plausible uso de la comunicación institucional apelando a la unidad, comenzamos a asistir en cambio al uso abusivo de los institutos de emergencia con claros ribetes autoritarios.

Se gobierna exclusivamente por Decretos y por muy pocas personas. El Congreso sesionó una sola vez e incumple sus obligaciones constitucionales para el control y seguimiento de los institutos de emergencia que se están utilizando, especialmente de los Decretos de Necesidad y Urgencia y de los Decretos Delegados.

También es preocupante el férreo unitarismo decretado, socavando aún más el ya débil federalismo argentino, cuando se dispone prácticamente la subordinación de los gobiernos provinciales al Jefe de Gabinete de la Nación, siendo éste último el único funcionario de la República facultado para disponer excepciones para la salida de la cuarentena.

A ello debe sumarse la vuelta de los llamados “superpoderes” para que el Jefe de Gabinete –como otrora lo tuvo el actual Presidente cuando ostentaba dicho cargo- pueda modificar partidas presupuestarias discrecionalmente, poniendo todos los recursos de la Nación en manos de un solo ciudadano.

De prolongarse esta situación ingresaríamos en una etapa de hiperpresidencialismo sin límites pocas veces visto en nuestra historia. La ausencia de controles, la falta de deliberación en la toma de decisiones, y la centralización de todas las disposiciones no pueden perpetuarse bajo la excusa de hacer frente a la emergencia.

La inactividad del Congreso y la Justicia, lejos de facilitar la vida durante la cuarentena es susceptible de provocar groseras violaciones de los derechos, falta de información y el surgimiento de una voz única y oficial, bajo el pretexto de que las voces diferentes obstaculizan la búsqueda de soluciones y el ejercicio del poder presidencial. No debemos confundir la unión nacional, que es la unidad en el respeto a la ley y la Constitución, con la unanimidad nacional que es la búsqueda de un pensamiento único.

La historia nos demuestra que las autocracias no son compatibles con la eficacia. En una democracia, la libre circulación de la información hubiere impedido el secretismo de Estado y el ocultamiento de información por parte de las autoridades. Fue la cerrazón del control totalitario de China la que favoreció no haber podido reaccionar antes. La deliberación de las democracias robustas permite, en cambio, el logro de decisiones anticipadas y consensuadas, basadas en información rigurosa y con una comunicación permanente con la población, impidiendo además que la prevención y el cuidado de las personas se transformen en represión en aras de salvaguardar las necesidades de la autoridad.

También el federalismo de concertación ha dado muestras de mayor eficacia frente a las formas unitarias en el combate al virus. La federal Alemania, donde los centros de investigación científica se reparten en todo el país, se ha destacado por su eficiencia fundada en la cooperación entre los miembros de la federación, trasladando el peso de las medidas sanitarias a los Länder, que se ponen de acuerdo con el Gobierno federal para pactar las líneas generales de las restricciones.

Gran parte de las decisiones con respecto al alcance y extensión de la cuarentena debieran corresponder directamente a los gobiernos provinciales y municipales. La diferente realidad que presenta la pandemia en las Provincias y en los Municipios así lo amerita. Existen Provincias donde no hubo ningún contagio, o muy pocos, por lo que la reanudación de actividades y la mayor circulación podría haberse resuelto anticipadamente sin pasar por la catástrofe económica a la que fueron sometidas. Incluso en Corrientes, se observan distintas realidades hacia el interior, y muchos Municipios podrían haber avanzado en la salida de la cuarentena ante la ausencia de casos. La concentración de todas las decisiones en manos del Gobierno central, debería ceder a las ventajas evidentes de la descentralización.

Es preocupante que todos estos tipos de anomalías y excesos puedan resultar precursoras para tiempos normales una vez que se haya terminado la emergencia, como ha sucedido largamente en nuestra historia institucional. El uso que está haciendo de ellos el Gobierno Nacional así lo indican. Los argentinos no debemos permitir que una situación de excepción se transforme en un autoritarismo encubierto, proclive a perpetuarse en el poder bajo la excusa de una emergencia permanente.

Las emergencias y sus institutos deben adecuarse a los principios y reglas de nuestro orden constitucional federal, democrático, liberal y republicano. Debemos aferrarnos más que nunca a los valores supremos que nuestros antepasados inscribieron con sangre en nuestra Carta Magna para vivir en paz y libertad.

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